Se cierra la causa sin reunir antecedentes para acusar de fraude al ex dirigente.
Hace un año y dos meses, el OS-9 de Carabineros allanaba las oficinas y domicilios de José Hinzpeter y otras cuatro personas vinculadas a la administración de la Federación de Tenis.
El motivo de la diligencia fue una denuncia de Ulises Cerda, sucesor de Hinzpeter en la Fetech, y del gerente Eduardo González, que gatilló una investigación de la Fiscalía de Las Condes por presuntas irregularidades administrativas, con un perjuicio económico de $ 1.300 millones. Esto llevó a que el destituido director del IND, Juan Carlos Cabezas, presentara una querella por fraude al fisco, para aclarar el destino de $ 540 millones en rendiciones de proyectos con dineros estatales.
A pesar de la espectacularidad de los operativos y de las múltiples acusaciones, la Fiscalía decidió cerrar el proceso sin siquiera formular cargos. “De conformidad con el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal comunico a US. que esta Fiscalía, con fecha 06/SEPTIEMBRE/2017, ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, reza el oficio firmado por la fiscal adjunta Caterina Pontarelli. El 16 de octubre se comunicó la decisión a las partes.
“Me allanaron mintiéndole al fiscal. El señor González y el señor Cerda le dijeron que yo me había llevado toda la contabilidad. Con esa declaración, allanaron mi casa y mi oficina”, acusa Hinzpeter, quien se querelló por obstrucción a la justicia contra ambos dirigentes.
“Me dolió que mis nietos me dijeran ‘tata, estás siendo allanado’. Se metieron al clóset de mi mujer y entremedio de su ropa buscaron cosas que nunca existieron. Todo eso fue una mentira enorme. Algunos periodistas me trataron hasta de ladrón. Pero ya pasó, yo al tenis no vuelvo. La única tranquilidad que tengo es que se hizo una tremenda gestión”, añade.
Y pese a los severos cuestionamientos del medio a su paso por el tenis, el abogado, de 72 años. intenta justificar los vacíos. “De los 1.300 millones, sólo pueden ser exigibles 400. Pero cuando me fui, Cencosud tenía que pagar 60 millones, Talcahuano nos debía otros 180 por la Copa Davis y el Banco de Chile tenía que entregar 90 millones”, dice.
El resto de la deuda es parte de un litigio con el Servicio de Impuestos Internos: “Como corporación sin fines de lucro no teníamos obligación de pagar impuesto a la renta. Y eso todavía está en el Tribunal Tributario. De hecho, sigo siendo el abogado de la Federación, por supuesto, sin cobrar honorarios”.
Asimismo, no reconoce tampoco la Beca Musalem. “Lo de la beca no es un pasivo exigible, es una obligación de modo. La Federación se hace dueña del dinero, lo ocupa en sus propias necesidades y adquiere la obligación con el donante de gastar un millón de dólares en el tiempo, cuando aparezcan niños buenos para el tenis. Pueden pasar uno, dos o cinco años. No había un plazo fijo y eso estaba trabajado con Álex Rossi, quien preparaba un reglamento para la beca”, explica.
Por otra parte, lamenta el rol que tuvo el Instituto Nacional del Deporte en el caso: “Fue penoso. Cabezas se equivocó completamente. Yo creo que por estos errores lo sacaron del cargo. Los proyectos que él señalaba se encontraban todos rendidos. Y eso sale hasta en la página del IND”.
FUENTE: latercera.cl